El mundo no necesitaba otra guerra para que la Comisión Europea se diera cuenta de que la mano invisible del mercado no puede resolverlo todo.
Tras la criminal invasión de Ucrania por parte de Putin, la Comisión parece haber asumido la problemática dependencia europea del gas ruso.
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Diversificar las compras de gas sólo nos mantendrá encerrados en los sucios combustibles fósiles, y trasladar los pagos de la UE de Putin a la familia bin Salman no es nada alentador (Foto: kremlin.ru)
Según datos oficiales, la UE importa el 90 por ciento de su consumo de gas, y Rusia le suministra alrededor del 45 por ciento.
Con su último conjunto de propuestas, “RePower Europe”, el equipo de Ursula von der Leyen rompe algunos tabúes que han guiado su obstinada defensa de las grandes empresas energéticas, pero no aborda las causas profundas del problema: la arquitectura del mercado.
Este mercado está diseñado para defender los beneficios de los gigantes de la energía, chantajeando a la UE por su dependencia del gas.
Con sus nuevas propuestas para el sector energético, la Comisión ha empezado por fin a escuchar las voces de los trabajadores, los hogares y la sociedad civil que llevan años luchando por la democracia energética.
Se trata de las mismas reivindicaciones que La Izquierda ha venido planteando en el Parlamento Europeo y que ha seguido defendiendo con su campaña “El poder para el pueblo”, como la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales; la posibilidad de que los Estados miembros intervengan y fijen límites máximos de precios; y un impuesto sobre los beneficios inesperados, que -según la Agencia Internacional de la Energía- podría suponer hasta 200.000 millones de euros este año.
Sin embargo, si la Comisión se preocupa realmente por la justicia social y climática, y quiere lograr la “independencia energética”, debe seguir escuchando: este plan concede demasiado poco, demasiado tarde.
Con la compra de más gas natural licuado (GNL), la comisión se desvía mucho de los objetivos climáticos que defiende de boquilla, haciendo pagar, una vez más, el precio de otra crisis a los hogares más vulnerables.
La diversificación de las compras de gas sólo nos mantendrá atados a los combustibles fósiles sucios, y el traslado de los pagos de la UE de Putin a la familia Bin Salman no es nada alentador.
Para lograr la independencia y la soberanía energética sólo hay una solución: un sistema energético justo basado en las renovables y bajo control público. Sin embargo, esto requiere la voluntad política de admitir que los intereses de las personas están por encima de los beneficios de las grandes empresas.
4.000 millones de euros de beneficios en seis meses
Mientras las familias siguen pagando facturas astronómicas y se enfrentan a un aumento generalizado de los precios (las estimaciones indican que más del 30 por ciento de la inflación actual se debe a las subidas de los precios de la energía), las empresas energéticas se han llevado el premio gordo, obteniendo unos beneficios de al menos 4.000 millones de euros durante los seis primeros meses de 2021.
Esto no es el resultado de un macabro giro del destino, sino la consecuencia de las medidas deliberadas de liberalización de las últimas décadas. La energía se trata como una mercancía, no como un derecho, y su precio se fija en la bolsa de Amsterdam.
El sistema europeo de fijación de precios de la electricidad funciona según un modelo común de “pago según el consumo” o “marginal”, en el que todos los productores de electricidad – desde los combustibles fósiles hasta la energía eólica y solar – pujan en el mercado y ofrecen energía según sus costes de producción. La puja empieza por los recursos más baratos -las renovables- y termina con los más caros -generalmente el gas-.
Como la mayoría de los países siguen dependiendo de los combustibles fósiles para satisfacer toda su demanda de energía, el precio final de la electricidad suele estar fijado por el precio del carbón o del gas.
Si el gas se encarece, la factura de la electricidad sube inevitablemente, aunque las fuentes limpias y más baratas también contribuyan al suministro total de energía. En cualquier otro mercado esto se consideraría un fraude: imaginemos que se paga el precio del champán por una barra de pan.
La Comisión define este sistema como un modelo que proporciona “eficiencia, transparencia e incentivos para mantener los costes lo más bajos posible”, pero ahora está dispuesta a suspender algunas de sus características, sólo temporalmente, para no “distorsionar el mercado”.
Nuestra prioridad es la dignidad de las personas, no el mercado, que, incluso según sus propios criterios, no está cumpliendo lo que prometió: bajar los precios de la energía.
Varios estudios contradicen la visión pro mercado de la Comisión, pero, además de los datos, las experiencias cotidianas de la gente están minando las certezas de las élites europeas.
Las pruebas en contra de la visión pro-mercado provienen de las luchas de las personas que viven lejos de los cálidos edificios del poder y que se ven obligadas a elegir entre calentar sus casas o comer.
En este contexto, los llamamientos de Borrell y otros líderes para que la gente”sacrificio” y “apagar la calefacción una hora antes”, no sólo suenan discordantes y fuera de contexto, sino que son simplemente crueles.
Puede que Borrell piense que se dirige a un grupo indisciplinado de personas que despilfarran recursos, pero no tiene ni idea de los sacrificios y las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores y las familias de Europa, que simplemente no tienen recursos para despilfarrar. La pobreza energética no es una carga personal, es un fracaso político.
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros colegas para que asuman la responsabilidad de superar este fracaso, para que se unan a nuestra voz y a la de los millones de personas de toda Europa: trabajemos juntos para cambiar las reglas del mercado y garantizar un modelo energético que esté al servicio de las personas y de nuestro planeta.
Al fin y al cabo, el cambio climático no está en discusión, nuestra fijación en el mercado debería estarlo.