Hoy (miércoles 24 de agosto) se celebra el Día de la Independencia en Ucrania. La violenta agresión de Putin contra el país lleva exactamente medio año, sin que se prevea el fin de las hostilidades.
En los últimos meses, hemos sido testigos de numerosos relatos de crímenes de guerra documentados, como el bombardeo indiscriminado de las ciudades, las ejecuciones de la población civil, las desapariciones forzadas, las violaciones y los enormes daños materiales en las infraestructuras civiles críticas.
El número de muertos es todavía impreciso y está lejos de ser confirmado.
Ya se cuentan las cifras en decenas de miles. La catástrofe humanitaria resultante de la guerra se manifiesta también en los más de seis millones de desplazados internos en Ucrania y en los más de 10,8 millones de cruces de frontera registrados para salir del país.
Mientras intentan introducir su ordenamiento jurídico en las partes de Ucrania que actualmente están bajo su control, las autoridades rusas siguen frenando en su país cualquier forma de activismo político o cívico independiente o la crítica a las irregularidades del gobierno.
Una vez que las hostilidades terminen, las partes afectadas tendrán que emprender el proceso de reconciliación.
Para iniciar este proceso, habrá que cumplir ciertos requisitos. Es importante recopilar los hechos de las violaciones masivas de los derechos humanos, que puedan ser corroborados. Por ello, hay que apoyar sin dudar la recogida de pruebas en tiempo real por parte de varias instituciones internacionales.
En este sentido, juegan un papel importante las organizaciones ucranianas de derechos humanos, que llevan documentando sistemáticamente los crímenes de guerra desde 2014, y que, tras el estallido de las hostilidades en febrero de este año, han creado la Coalición Ucrania 5AM, cuya contribución desempeñó un papel crucial en el informe elaborado en el marco del mecanismo de Moscú de la OSCE.
La oportuna recopilación de pruebas y datos en general tendrá también un papel sustancial en la búsqueda de los desaparecidos y desplazados forzosos, a lo que están contribuyendo los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil rusa.
La segunda dimensión es llevar ante la justicia a los responsables del estallido de la guerra y de la comisión de crímenes de guerra.
Hemos visto juicios por crímenes de guerra ya iniciados en Ucrania.
El poder judicial ucraniano tendrá que demostrar que cumplirá con las prácticas judiciales de un juicio justo y trabajará con independencia de la política, para garantizar la imparcialidad de los procesos basados en las normas internacionales, lo que representa un valor crucial de una sociedad democrática.
Sin embargo, el proceso para llevar a los responsables ante la justicia se verá sin duda obstaculizado por la falta de disponibilidad de los presuntos autores. Estos juicios son imposibles de realizar en la Rusia actual.
Aceptar su responsabilidad por causar la guerra requerirá un cambio sustancial de la realidad política imperante y la reinstalación de las instituciones estatales democráticas, que fueron demolidas por el régimen de Vladimir Putin. Sin este cambio, Rusia seguirá inmersa en su ilegalidad e irresponsabilidad política.
La experiencia de los anteriores conflictos militares en Europa y en el mundo, incluidas las guerras de los Balcanes en la década de 1990, nos proporciona suficientes ideas y conceptos de cómo la comunidad internacional podría facilitar y complementar el proceso, como las comisiones de reconciliación/verdad y el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia.
La jurisdicción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también podría utilizarse para juzgar a los responsables.
Todo esto sirve para el punto principal: garantizar la posibilidad de reconciliación y la sostenibilidad de la paz en Europa en el futuro.
Sin duda, el proceso para lograr este resultado se verá obstaculizado por el tremendo odio, la desconfianza y el revanchismo, así como por el aumento de las tendencias nacionalistas.
Al mismo tiempo, las distintas comunidades tendrán que encontrar una forma de convivencia basada en valores para reconstruir sus sociedades y crear las condiciones para una coexistencia pacífica, una vez que la situación en el lado ruso lo permita.
El proceso de justicia transicional al que nos enfrentamos, basado en las experiencias de las guerras de la antigua Yugoslavia, durará décadas, y requerirá una importante inversión de recursos y atención de toda la comunidad europea e internacional.
Sin una participación activa de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil de Ucrania, Rusia y la Unión Europea en este proceso, todos estos intentos estarían condenados al fracaso. Por lo tanto, este es el momento adecuado para apoyar a la sociedad civil.