A medida que aumenta la indignación por la invasión rusa de Ucrania, las sanciones europeas se dirigen a dos de los instrumentos de propaganda internacional financiados por el Estado ruso: RT y Sputnik.
La cuestión de qué papel deben desempeñar los gobiernos democráticos en la lucha contra este tipo de propaganda patrocinada por el Estado ha sido durante mucho tiempo un tema de disputa dentro de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como entre las organizaciones de libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión del continente.
Sin embargo, la invasión rusa -y la guerra de la información más amplia que se desarrolla en los medios sociales tradicionales- ya ha cambiado los contornos del debate sobre cómo garantizar la libertad de expresión al tiempo que se aborda la desinformación legítima.
El miércoles (2 de marzo), la UE adoptó la medida sin precedentes de imponer amplias sanciones a Sputnik y a cinco sucursales de RT en Europa, que prohíben la emisión y distribución de todo tipo de sus contenidos dentro del bloque.
Según las nuevas normas, los proveedores de Internet y los organismos nacionales de control de los medios de comunicación se encargarán de imponer multas a las plataformas que sigan compartiendo esos contenidos.
Los funcionarios de la UE han acogido las sanciones como una medida proporcionada y necesaria para aislar a los ciudadanos de la UE de la propaganda del Kremlin.
La decisión de aplicar una prohibición general a cualquier medio de comunicación es una decisión seria y debe estar siempre sujeta a un alto nivel de escrutinio.
No hace falta decir que la libertad de expresión nunca ha sido un derecho absoluto y que las restricciones a los medios de comunicación pueden estar justificadas en determinadas circunstancias.
Aunque algunos considerarán que estas prohibiciones deberían haberse producido hace tiempo, la forma en que se han aplicado estas restricciones plantea serios interrogantes.
Reguladores nacionales frente a la UE
Las decisiones sobre la prohibición de cualquier medio de comunicación no son mandato de la UE.
En cambio, estas decisiones deben ser tomadas por reguladores nacionales independientes bajo un conjunto de reglas claras y transparentes que reflejen las normas internacionales bien establecidas sobre la radiodifusión y la libertad de expresión.
Aunque la decisión de la UE de prohibir RT y Sputnik mediante sanciones adoptadas por el Consejo fue bien intencionada, esto no cambia el principio fundamental de que estas decisiones deberían haber sido tomadas por organismos de control nacionales independientes de consideraciones políticas, además de estar sujetas a revisión judicial.
Aunque la UE ha insistido en que las prohibiciones son limitadas en el tiempo, parece improbable que se cumplan las condiciones para levantarlas, lo que indica que estas restricciones están aquí para quedarse en un futuro previsible. Los políticos de algunos países de la UE ya han expresado la necesidad de establecer salvaguardias.
Además de los interrogantes sobre la eficacia de estas prohibiciones dentro de la UE, las restricciones de los Estados europeos también tendrán consecuencias importantes fuera de sus fronteras.
Como demostró el cierre de la oficina de Deutsche Welle en Moscú a principios de febrero, Rusia no dudará en llevar a cabo medidas de respuesta contra los medios de comunicación occidentales.
A primera hora del viernes (4 de marzo), se bloquearon las páginas web de varios sitios de noticias internacionales, entre ellos DW y la BBC. En los próximos días, es probable que podamos ver más bloqueos de expulsiones de Rusia de importantes emisoras europeas.
Esto no podría llegar en peor momento.
Durante la última semana, las autoridades rusas han actuado para silenciar lo que queda de los medios de comunicación independientes del país por su cobertura de la invasión.
La escala y la velocidad de esta represión no tienen precedentes, con importantes emisoras independientes como Ekho Moskvy y Dozhd TV bloqueadas y cerradas en el espacio de unos pocos días.
En respuesta, los ciudadanos rusos que ansían noticias independientes y objetivas han recurrido a la BBC y a otras emisoras europeas por millones.
La expulsión de estas emisoras dejaría sin comer a los ciudadanos rusos que buscan noticias objetivas en un momento crucial.
Incluso en tiempos de guerra de la información, sigue siendo cierto que la mejor manera de contrarrestar la desinformación patrocinada por el Estado no es a través de las prohibiciones de emisión o la censura.
En su lugar, se trata de fomentar un paisaje mediático profesional y pluralista con un periodismo próspero e independiente que pueda verificar las falsedades y aislar a los ciudadanos de la propaganda, además de programas para enseñar la alfabetización mediática.
La UE debería centrarse en invertir en mecanismos de defensa sostenibles y a largo plazo contra todas las formas de propaganda, así como en la creación de un marco legal en toda la UE en el que pueda florecer el periodismo independiente.
A corto plazo, los esfuerzos para limitar la capacidad de RT y Sputnik de difundir desinformación sobre el pretexto yEl terrible coste humano de la guerra en Ucrania puede parecer una respuesta oportuna y proporcionada.
Sin embargo, a largo plazo, siguen existiendo dudas sobre su sabiduría y eficacia y, en última instancia, sobre si las expulsiones recíprocas de los medios de comunicación occidentales de Rusia son un precio que los Estados europeos están dispuestos a pagar.