Ha entrado en vigor una nueva y controvertida ley que obliga a los extranjeros en Rusia a someterse a exámenes médicos cada tres meses, incluso para detectar enfermedades de transmisión sexual.
A partir del 29 de diciembre, casi todos los extranjeros en el país deben pasar exámenes médicos para detectar el VIH, la sífilis, la gonorrea, la tuberculosis y el COVID-19, entre otras enfermedades.
También se analizará su sangre para detectar la presencia de drogas ilegales, y deberán presentar sus huellas dactilares y otros datos biométricos. Algunos serán sometidos a radiografías y tomografías.
A los que se nieguen a cumplir las normas se les podría revocar el permiso de trabajo, mientras que los ciudadanos bielorrusos, los niños menores de 6 años y los diplomáticos están exentos de los nuevos requisitos.
La comunidad empresarial extranjera ha advertido que las nuevas medidas podrían provocar un éxodo de directivos y otros representantes empresariales.
A mediados de diciembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, restó importancia a estas preocupaciones y aseguró que el presidente Vladimir Putin “está a favor de crear las condiciones más cómodas para las empresas extranjeras aquí, para los inversores y los especialistas extranjeros.”
El Ministerio de Sanidad también ha sugerido que los controles sanitarios no tendrían que realizarse realmente cada tres meses, a pesar de que la redacción indica lo contrario.
Los críticos también advierten que las nuevas medidas permitirán al gobierno ruso ampliar su recopilación de datos sobre los extranjeros y podrían afectar negativamente a los cientos de miles de trabajadores inmigrantes del país.