En las últimas tres semanas, los ucranianos se han convertido en una de las mayores poblaciones de refugiados del planeta. Pero durante gran parte de la última década, Ucrania, con la ayuda de la UE, ha actuado como guardia fronteriza de Europa, impidiendo que quienes huyen de la guerra y la pobreza lleguen a un lugar seguro.
Incluso en medio de esta terrible guerra, Ucrania sigue desempeñando este papel.
El 11 de marzo, un ataque aéreo ruso alcanzó un aeródromo militar en Lutsk, al oeste de Ucrania, matando a dos miembros de las fuerzas armadas ucranianas e hiriendo a otros seis.
Casi dos semanas después, y a sólo 40 kilómetros del lugar del bombardeo, un centro de detención financiado por la UE, que alberga entre 35 y 45 personas, aún no ha sido evacuado. Según Lighthouse Reports, los detenidos en el centro de Zhuravychi son ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Camerún, India, Pakistán y Sudán, entre ellos una mujer afgana de 31 años y su hijo de dos años y medio, y un ciudadano paquistaní cuya embajada ha negado que esté allí.
Cinco etíopes fueron liberados y reubicados en Rumanía tras la intervención de su gobierno. Los llamamientos a la liberación del resto de los detenidos, que presumiblemente no pueden evocar la asistencia consular debido a su situación de riesgo, han caído en saco roto.
Centros de detención financiados por la UE en Ucrania
La Unión Europea tiene una responsabilidad con estos refugiados debido a su papel fundamental en la creación del centro de detención en el que se encuentran.
Desde mediados de la década de 2000, decenas de millones de euros de dinero público europeo han llegado a Ucrania para construir centros de detención, formar a los guardias de las prisiones y detener a los refugiados, muchos de los cuales están retenidos en instalaciones superpobladas y con escasas normas de higiene, donde fueron golpeados, torturados, obligados a dormir en el suelo y privados de alimentos.
La Comisión Europea asignó 30 millones de euros en el marco de su Programa Nacional para Ucrania de 2007 para construir y equipar instalaciones de detención de inmigrantes. Esto se sumó a un fondo de 6 millones de euros asignado a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el año anterior para la remodelación y el equipamiento de siete centros de detención.
En el centro de Zhuravychi, la UE ha financiado medidas de seguridad que harán imposible que los refugiados escapen en caso de bombardeo. En 2009, financió la construcción del sistema de seguridad del perímetro para impedir la fuga de los migrantes, así como un sistema de torniquetes, un sistema de cierre electrónico de las puertas y cintas y barras de seguridad para las ventanas. Esto formaba parte de un proyecto de 1,7 millones de euros para ayudar a las autoridades ucranianas a responder al llamado tránsito irregular.
En 2010, un acuerdo de readmisión firmado entre la UE y Ucrania provocó un aumento de la detención de inmigrantes.
En 2020, las expulsiones y las devoluciones sumarias desde Eslovaquia y Hungría se habían convertido en algo habitual, ya que los agentes de policía ucranianos ignoraban habitualmente las solicitudes de asilo y, en su lugar, colocaban a los que se desplazaban en centros de detención financiados por la UE.
La financiación de la UE para que Ucrania se convierta en la guardia fronteriza de Europa encaja en una estrategia más amplia de políticas de externalización de fronteras de la UE desplegadas durante las dos últimas décadas en países tan al sur como Senegal o tan al este como Azerbaiyán.
Libia es quizás el ejemplo más notorio en el que los refugiados son esclavizados y torturados en centros de detención financiados por la UE. Para los que se encuentran en Zhuravychi estas políticas significan dejarlos encerrados y sin poder huir mientras el ejército ruso avanza hacia el oeste.
Doble rasero
La UE ha sido elogiada por abrir sus fronteras a los millones de refugiados que huyen de Ucrania, pero esto contrasta con el modo en que ha tratado a los refugiados que huyen de otros conflictos.
Un examen más detallado de la Directiva de Protección Temporal (DPT) de la UE, promulgada el 4 de marzo, muestra que incluso entre los que huyen de Ucrania no se garantiza la igualdad de acceso a la protección. Las directrices operativas especifican que la DPT se aplica únicamente a los nacionales ucranianos, a los que residen legalmente en Ucrania o a los apátridas, dejando en el limbo a los que se encuentran en situación migratoria irregular.
Mientras tanto, se ha informado del trato racista que reciben las personas no blancas que huyen de Ucrania en las fronteras de la UE y fuera de ellas, lo que ha sido condenado por el ACNUR.
Las políticas de contención de la UE hacen que la situación de los que se encuentran en Zhuravychi sea doblemente peligrosa; en primer lugar, al estar encerrados en una instalación financiada por la UE mientras se desarrolla una guerra en el exterior de la que no pueden huir, y en segundo lugar, al impedirles buscar la misma protección que se concede a otros que huyen de la misma guerra, si finalmente son liberados, debido a su situación irregular.
En una vergonzosa comparación, los leones, tigres y otros animales de los zoológicos de Ucrania fueron reubicados en Polonia a principios de marzo, lo que puso de manifiesto el sesgo de Europaprioridades.
La UE debe revocar inmediatamente sus acuerdos bilaterales de detención con Ucrania y pedir que se libere a los detenidos en instalaciones financiadas por la UE.
Además, debe modificar las directrices de la DPT para garantizar un paso seguro a todos los que huyen de Ucrania, independientemente de su situación migratoria.
Por último, debe ampliar las protecciones que ofrece la DPT a todos los que huyen del conflicto, de acuerdo con el derecho internacional. Más enérgicamente, la UE debe aprovechar este momento para replantear y abordar fundamentalmente sus mortíferas políticas fronterizas.