Muchos de los trabajadores autónomos actuales se enfrentan a una jubilación sombría. He aquí cómo solucionarlo:
Para los oficinistas descontentos de todo el mundo, que fantasean tranquilamente con una vida sin reuniones inútiles ni malos jefes, es tentador pensar que hacerse autónomo podría ser la solución.
Sin embargo, a pesar de la flexibilidad y la libertad que aporta el trabajo autónomo, la mayoría de los que trabajan por su cuenta se enfrentan a una existencia más precaria. Trabajan más horas, pueden ser despedidos sin previo aviso y no tienen derechos de asistencia sanitaria.
¿Y los derechos de pensión? Bueno, en su mayoría son un sueño.
A diferencia de los trabajadores a tiempo completo, que tienen derecho a una pensión pública a la que debe contribuir su empresa, los autónomos no se benefician de las cotizaciones de la empresa, ni tienen acceso a las mismas prestaciones que los trabajadores por cuenta ajena, incluida la pensión estatal.
Un estudio de la OCDE, un grupo de reflexión de los países ricos, examinó 15 países de la UE y descubrió que la media de los autónomos jubilados recibe pensiones públicas que son casi una cuarta parte más bajas que las de los empleados jubilados.
Por lo tanto, los que trabajan por cuenta propia deben planificar su propio ahorro para la jubilación, pero es difícil pensar en envejecer cuando estás ocupado montando tu propio negocio.
Un estudio de la Comisión Europea sugiere que existe una preocupante falta de planificación de la jubilación entre quienes trabajan de forma flexible: más de la mitad no ahorra para los años posteriores al trabajo.
Como resultado, muchos de los trabajadores autónomos actuales se enfrentan a dificultades económicas -o incluso a la pobreza- en el futuro.
Un estudio reciente del grupo de reflexión Bruegel advierte que los autónomos corren, por término medio, un riesgo mucho mayor de caer en la pobreza en la vejez que los empleados tradicionales.
Como el número de personas con empleos no tradicionales ha aumentado en los últimos años, cada vez más, esto se ha convertido en una bomba de relojería para los gobiernos. En 2021 había 25 millones de trabajadores autónomos en la UE, lo que representa el 28% y el 20% de la población activa en Grecia e Italia, respectivamente.
El panorama de las pensiones en Europa está fragmentado, ya que las normas se componen de un complejo mosaico de normas nacionales y de la UE, pero hay tres reformas estructurales clave que todos los gobiernos podrían aplicar para ayudar a cerrar la brecha de las pensiones.
En primer lugar, se debería obligar a las empresas a realizar al menos una contribución, en función del salario total, a las pensiones estatales de los autónomos que contratan. Esto también ayudaría a los gobiernos a tomar medidas contra las empresas que reducen costes utilizando a los trabajadores autónomos para negarles derechos laborales.
En segundo lugar, se necesitan exenciones fiscales y otros incentivos para fomentar un mayor ahorro para la jubilación.
Una investigación de la OCDE descubrió que las políticas destinadas a promover la innovación pueden tener la consecuencia no deseada de disuadir el ahorro. Como resultado, más del 85% de los trabajadores autónomos españoles sólo pagan la cotización mínima obligatoria para la pensión.
Y por último, los que trabajan por cuenta propia deberían estar obligados a cotizar a los regímenes públicos de pensiones de la misma manera que los trabajadores por cuenta ajena. En Alemania e Italia, por ejemplo, los autónomos no están obligados a cotizar a una pensión pública. Mientras tanto, en Bélgica, Francia y Polonia, los autónomos no pueden cotizar a la pensión pública como los trabajadores a tiempo completo.
No es de extrañar, pues, que la pensión pública media de los autónomos sea inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en la mayoría de los países de la UE; en un 50% en Alemania, y en torno al 30% en Francia, Italia y España. Está claro que esta discriminación es generalizada e injusta.
La normativa y las prácticas laborales europeas no han seguido el ritmo de la evolución del mundo laboral, por lo que los responsables políticos han pasado por alto (o ignorado) la brecha de las pensiones durante demasiado tiempo.
Los políticos deben actuar con rapidez y armonizar las normas sobre pensiones de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia para evitar una crisis social en toda regla.
En última instancia, si una parte creciente de la población activa tiene que hacer frente a unas pensiones inadecuadas, serán los gobiernos los que tengan que recoger los pedazos.