Es probable que Frontex, con sede en Varsovia, esté violando derechos al verter datos de testimonios de inmigrantes en Europol, la agencia policial de la UE, según una autoridad de protección de datos.
Los agentes de Frontex recogen estos testimonios para averiguar cómo y en qué medida los solicitantes de asilo que cruzan una frontera de la UE reciben ayuda exterior.
Aunque Frontex redacta los nombres, los datos personales identificables se siguen compartiendo con Europol para tomar medidas contra el contrabando y otras actividades delictivas, dijo Wojciech Wiewiórowski, supervisor de protección de datos de la UE (SEPD).
El intercambio de datos entre Frontex y Europol, conocido como Pedra o “tratamiento de datos personales para el análisis de riesgos”, ha generado en el pasado polémica por la posibilidad de incriminar a personas inocentes.
En un resumen de ocho páginas de un informe de auditoría más amplio publicado el miércoles (31 de mayo), Wiewiórowski afirmó que el EPDS abriría ahora una investigación sobre Frontex.
Culpó a la agencia por “intercambiar automáticamente los informes de debriefing con Europol sin evaluar la estricta necesidad de dicho intercambio.”
Wiewiórowski afirma que esto incumple varias normas de protección de datos de la UE, así como el propio reglamento de Frontex cuando se trata de intercambiar datos personales con Europol.
El SEPD ha dado de plazo a la agencia hasta finales de año para solucionar los problemas.
El año pasado, el medio de comunicación Balkan Insight reveló resultados similares. En él se afirmaba que Frontex había dejado de lado a su propio responsable de protección de datos, que había advertido de la expansión de la misión sobre Pedra.
La última investigación del SEPD parece respaldar esa valoración.
Algunas de las personas entrevistadas, a menudo detenidas o privadas de libertad, pueden sentirse amenazadas para divulgar información que va más allá de lo que necesita Europol.
El mes pasado, novedades24 reveló que esto puede incluir a las ONG, lo que plantea preguntas adicionales sobre hasta qué punto las agencias están posiblemente ayudando a criminalizar el trabajo de la sociedad civil en el ámbito del asilo y la migración.
En relación con esto, Wiewiórowski afirma que Frontex es incapaz de tramitar las solicitudes de alguien que quiera saber qué datos personales ha recopilado la agencia sobre él.
“Impide la eficacia de la tramitación de las solicitudes de los interesados y pone en riesgo la exactitud del resultado de las búsquedas realizadas con este fin”, dijo.
La extralimitación de Frontex plantea otros graves problemas de cumplimiento, dice el SEPD.
Esto se debe en parte a la gran vulnerabilidad de las personas interrogadas, algunas de las cuales pueden autoinculparse sin querer, así como a la escasa fiabilidad de la información recabada.
La misma información se utiliza después para los informes de análisis de riesgos de Frontex.