Daniela Torres 
El juicio celebrado en Grecia el martes (10 de enero) contra 24 cooperantes humanitarios que ayudaron a evitar que refugiados y solicitantes de asilo se ahogaran ha sido aplazado hasta finales de esta semana.
Según la ONG griega de asistencia jurídica Fenix, un tribunal de Atenas tiene previsto escuchar el viernes las objeciones procesales de los abogados de los acusados.
“La fiscalía ha cometido un error tras otro, ha violado nuestros derechos humanos”, declaró Sean Binder, uno de los acusados, el martes tras la vista judicial.
“El viernes sabremos si nos imponen el imperio de la ley o el de los vicios”, dijo.
La sociedad civil ha descrito el caso, que se prolonga desde hace años, como parte de una criminalización más amplia de la ayuda humanitaria, tras una represión similar de las operaciones benéficas de búsqueda y rescate en Italia y otros países.
Unas 24 personas están siendo juzgadas en Mitilene, en la isla de Lesbos, por delitos menores relacionados con Emergency Response Center International (ERCI), una ONG registrada que en el pasado había ayudado a la Guardia Costera griega en operaciones de rescate.
Tres de los acusados, Sarah Mardini, Sean Binder y Nassos Karakitsos, también están siendo juzgados por espionaje y falsificación, delitos que pueden acarrear hasta ocho años de cárcel.
También se enfrentan a otra investigación en curso por contrabando de personas, fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero, que conllevan una pena máxima de 20 años.
Refugiada siria, Mardini es hermana de la nadadora olímpica Yusra Mardini.
El dúo sirio salvó a 18 compañeros de travesía al poner a salvo una embarcación que se hundía y que había salido de Turquía rumbo a Grecia en 2015.
Mardini, que obtuvo el estatuto de refugiada en Alemania, regresó a Lesbos en 2016 para ayudar a otros refugiados que llegaban a la isla.
Fue detenida en 2018, junto con el ciudadano griego Nassos Karakitsos y el ciudadano alemán Sean Binder, que habían estado coordinando búsquedas y rescates en Lesbos.
“Muchas veces hice poco más que ofrecer una sonrisa a personas en apuros porque la gran mayoría de los solicitantes de asilo son supervivientes”, dijo a finales del año pasado en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.
“Pero, a veces, tuvimos que ayudar a gente que corría el riesgo de ahogarse durante sus traicioneros viajes y por estos esfuerzos pasé más de tres meses y medio en prisión preventiva”, dijo.
Binder, que acudió el martes al tribunal de Atenas, también dijo que el caso de la fiscalía está plagado de errores.
Dijo que algunos de los acusados no recibieron escritos de acusación y que en otros escritos de acusación faltaban papeles o no se indicaban los presuntos delitos.
A otros aún no se les permitió ir a su propio juicio en un caso que se ha prolongado durante años “de modo que el procesamiento es efectivamente una forma de persecución”, dijo.
Esto incluye a Sarah Mardini, que no pudo asistir a su juicio en el pasado, dada la prohibición de viajar impuesta por Grecia que le impide entrar en el país.
La ONG Human Rights Watch hizo comentarios similares.
Dijeron que las acusaciones enviadas a los acusados incluían numerosos cargos.
Pero los escritos de acusación dejaban a los acusados adivinando porque estaban enumerados del 1 al 24 sin explicación de a quién representa cada número.
En una declaración, Bill Van Esveld, director asociado de derechos del niño de Human Rights Watch, dijo que “el caso es realmente una acusación contra las autoridades griegas, que persiguen a personas por salvar vidas que las autoridades no querían que salvaran.”
El juicio contra los 24 trabajadores humanitarios se había aplazado previamente en noviembre de 2021 después de que la fiscalía hubiera presentado el caso ante el tribunal equivocado.
