Hector Gallego 
La presidencia checa del Consejo de la Unión Europea está presionando para que se adopte, antes de finales de 2022, el llamado Reglamento de Instrumentalización.
Esta propuesta legislativa data inicialmente de diciembre de 2021 y se deriva directamente de una propuesta anterior de la Comisión de la UE destinada a introducir una serie de medidas de emergencia para hacer frente a la situación migratoria en las fronteras orientales de la UE, entre Letonia, Lituania, Polonia y Bielorrusia.
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Tal y como se detalla en una declaración conjunta liderada por el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE) y firmada por 80 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas EuroMed Rights, el reglamento permitiría a los Estados miembros eximirse de sus responsabilidades en virtud de la legislación de la UE en materia de asilo en situaciones en las que los flujos migratorios sean “instrumentalizados” con fines políticos.
En palabras más sencillas, cuando las personas que se desplazan son utilizadas como moneda de cambio en juegos geopolíticos. A través de este mecanismo, los Estados miembros podrían derogar permanentemente a voluntad sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de asilo.
El reglamento introduce una serie de medidas desproporcionadas que tendrán graves consecuencias negativas para las personas desplazadas. La primera y principal preocupación que suscita la posible adopción del reglamento es la posibilidad de introducir excepciones a la legislación de la UE en materia de asilo.
Esto crearía de facto un sistema de selección entre los Estados miembros de la UE que reduciría los derechos fundamentales garantizados por la legislación de la UE. Esto iría en detrimento de los derechos de los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
El reglamento también corre el riesgo de reducir el acceso al asilo y las condiciones de acogida. Reduciría los plazos del proceso de solicitud de asilo y confundiría a los solicitantes sobre dónde pueden presentar una solicitud de asilo. También aumentará el uso de procedimientos fronterizos acelerados, con la probable consecuencia de un aumento de las detenciones y una reducción de los derechos garantizados a los refugiados y migrantes.
Por último, pero no por ello menos importante, según el reglamento, el peligroso concepto de “instrumentalización”, se codificaría en la legislación de la UE, sin que se haya establecido una definición clara, y con el riesgo de implicar a actores no estatales en el proceso de “instrumentalización”.
Esto es aún más absurdo sabiendo que es la lógica de la condicionalidad impuesta por la UE y los Estados miembros en la negociación sobre la migración con terceros países la que llevó al enfoque de chantaje visto recientemente en Bielorrusia, Marruecos y Turquía.
¿Qué pasará después?
Los Estados miembros (consejeros de Justicia e Interior en materia de asilo) tienen previsto reunirse el miércoles (9 de noviembre) para debatir la propuesta.
Mientras tanto, EuroMed Rights, sus miembros y socios, así como las 80 organizaciones de la sociedad civil que respaldan la petición, pedirán a los Estados miembros de la UE que se opongan al reglamento y propongan enmiendas significativas al texto desde la presidencia checa.
De hecho, al crear excepciones a la legislación de la UE en materia de asilo, el Reglamento de instrumentalización socava el Estado de Derecho y crea un peligroso precedente que podría utilizarse en otros ámbitos de la legislación de la UE, relacionados o no con la migración.
Por último, antes de adoptar medidas que afecten sustancialmente al acceso a la protección y al asilo de los migrantes y refugiados, es primordial que los Estados miembros realicen una evaluación previa del impacto que cualquier decisión tendrá sobre los derechos fundamentales de las personas en movimiento.
