La presidencia francesa de la UE está presionando para que se creen limbos legales cerca de sus fronteras, donde las normas de derechos humanos existentes pueden ser más difíciles de aplicar, como parte de la actual represión de la inmigración irregular.
Esta medida ha alarmado durante mucho tiempo a los defensores de los derechos humanos, que advierten que podría dar lugar a la detención sistemática de inmigrantes vulnerables en las fronteras de la UE y a la creación de campamentos tipo gueto.
Aun así, los franceses avanzaron esta semana con propuestas para clasificar a los solicitantes de asilo que lleguen a las fronteras de la UE como técnicamente aún no están legalmente dentro de la UE, un limbo que duraría hasta cinco días a pesar de su presencia física dentro de un estado miembro de la UE.
“Mientras dure el proceso de control, se considerará que las personas afectadas no cumplen las condiciones de entrada”, dice un documento de la Presidencia francesa de la UE, fechado el 8 de febrero y distribuido a las delegaciones de los Estados miembros.
El documento continúa sugiriendo que los solicitantes de asilo sean sometidos a arresto domiciliario u otras formas de detención vigilada.
Actualmente, se supone que los solicitantes de asilo que llegan a las fronteras de la UE son atendidos según las normas de la UE, siendo la detención en sí misma una medida de último recurso. Estas normas están diseñadas para ofrecer a los inmigrantes y refugiados un trato humano mientras se evalúan sus solicitudes.
La Comisión Europea ya propuso anteriormente disposiciones similares al plan francés, pero el planteamiento de la Comisión pedía que se colocaran observadores de derechos humanos independientes en las fronteras para garantizar el respeto de los derechos humanos y los procedimientos adecuados.
Sin embargo, en su documento, la Presidencia francesa de la UE no menciona a un observador de los derechos humanos.
Los expertos en migración han descrito la idea de un limbo legal como algo que suspende y socava los derechos de los solicitantes de asilo.
El Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (Ecre), con sede en Bruselas, quiere que la idea se elimine por completo de las propuestas de reforma del asilo de la UE.
Eliminar el limbo jurídico sería “la forma más directa de garantizar que la situación jurídica, y los derechos y obligaciones que se derivan, se ajustan a la situación física real de la persona en cuestión, es decir, a su presencia en el territorio de la UE”, dijo el grupo.
Estudio del caso Moria
Ecre advirtió de que la propuesta de reglamento de control probablemente daría lugar a detenciones sistemáticas en la frontera, lo que posiblemente llevaría a campos similares como el de Moria, un gueto de asilo y refugiados muy superpoblado y extendido en la isla griega de Lesbos que se incendió en 2020.
Incluso si la presidencia francesa de la UE consigue que los Estados miembros acepten los cambios en las normas antes de que finalice su mandato de seis meses, es poco probable que se apruebe por los colegisladores del Parlamento Europeo.
La eurodiputada principal del reglamento de selección, la socialista alemana Birgit Sippel, ya ha indicado que no está contenta con el concepto de colocar a los solicitantes de asilo en un estado de limbo legal.
En un intercambio con otros legisladores europeos el pasado noviembre, advirtió contra una “ficción legal de no entrada” que llevaría a una detención de facto.