Suecia no se compromete a reubicar a los solicitantes de asilo en el marco de un acuerdo de la UE inspirado en Francia porque dice que no hay base legal para ello.
“No es posible que nuestro gobierno se comprometa a algo que no tiene una base legal clara”, dijo Lars Danielsson, embajador de Suecia ante la UE.
“Así que es más bien una razón técnica por la que no hemos podido hasta ahora”, dijo. Pero también señaló que la migración es un tema “en el que se pueden perder o ganar elecciones”.
Preguntado por si la presidencia sueca de la UE tiene intención de abogar por más reubicaciones en el marco del llamado mecanismo de solidaridad de la UE, no respondió.
El mecanismo, puesto en marcha durante el verano, gestionó unas 8.000 promesas de reubicación en 11 Estados de la UE más Noruega y Liechtenstein.
Sólo unas 117 personas han sido reubicadas en el marco del mecanismo. Recientemente, Grecia hizo un llamamiento para reubicar a otras 400, tras un rescate al sur de Creta.
“Está claro que tenemos que intensificar la aplicación”, dijo Ylva Johannson, comisaria de Asuntos de Interior de la UE, a principios de esta semana. La Comisión afirma que está trabajando con los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de los compromisos.
“Revisaremos los procedimientos operativos estándar para acelerar las reubicaciones y estudiaremos que las contribuciones financieras se correspondan efectivamente”, dijo.
Pero las preocupaciones técnicas y legales de Suecia sobre el plan de reparto de los solicitantes de asilo que llegan a las costas europeas también pueden estar inmersas en su política interna.
Su nuevo gobierno es una coalición de partidos convencionales más los Demócratas de Suecia, un partido nacionalista con raíces en el movimiento neonazi sueco. Aunque los Demócratas Suecos no tienen ministros, se las arreglaron para conseguir una ventaja en el enfoque y la dirección de las políticas.
En octubre, el gobierno dio a conocer un acuerdo de plataforma de 63 páginas, que dedica un tercio a la inmigración y la integración.
Las propuestas incluyen la reducción de los derechos de asilo de los solicitantes en la medida de lo legalmente posible, al tiempo que se incrementan los registros corporales policiales de “parada y cacheo”.
También ha introducido algunas otras novedades, como la posibilidad de revocar los permisos de residencia en base a una “mala conducta” social no delictiva.
En octubre, Lisa Pelling, politóloga sueca, describió estas novedades como a la creación de “una policía de la moral”.