Alfonso Esteban 
En las últimas semanas, hemos sido testigos de escenas devastadoras en Ucrania, ya que los civiles han sido objeto de bombardeos continuos en ciudades de todo el país.
Mariupol y otras ciudades han sido cercadas, impidiendo la entrada de suministros vitales y la salida de personas, a pesar de los compromisos de establecer corredores humanitarios.
Los acontecimientos que estamos viendo ahora en Europa recuerdan a las horribles tácticas empleadas en Siria, donde los civiles de ciudades como Alepo y Homs quedaron aislados de la ayuda vital mientras sus ciudades eran destruidas.
La denegación o restricción deliberada del acceso humanitario -una violación del derecho internacional- rara vez atrae una indignación internacional significativa, a pesar de los asombrosos costes humanos. Sin embargo, en todo el mundo, la tendencia a causar daños a la población civil y a denegar el acceso humanitario en los conflictos va en aumento.
En contextos como los de Sudán del Sur y Yemen, las restricciones a la capacidad de los agentes humanitarios para prestar ayuda y llegar a los más necesitados han tenido consecuencias devastadoras, contribuyendo a niveles de hambre generalizados y graves. Además, los trabajadores humanitarios se están convirtiendo cada vez más en blanco de la violencia.
En 2021, el número de países que se enfrentan al mayor nivel de restricciones de acceso se ha duplicado con respecto a finales de 2020.
Más de una cuarta parte de los 20 países incluidos en la Lista de Vigilancia de Emergencias del IRC de las crisis con mayor riesgo de deterioro humanitario significativo en 2022 experimentaron graves disminuciones en el acceso humanitario: Afganistán, Etiopía, Malí, Myanmar, Nigeria y Somalia.
La denegación de acceso a la ayuda no siempre es tan flagrante como en Ucrania o Siria. El IRC opera en 40 países. A diario vemos el uso insidioso de políticas y leyes para limitar y controlar la entrega de la ayuda.
En Yemen, por ejemplo, los controles burocráticos restrictivos en el norte y en el sur del país hacen que nuestros equipos puedan tardar meses en conseguir la documentación que necesitan para entregar los programas. Las políticas antiterroristas hacen que tanto las instituciones financieras como las ONG teman enfrentarse a cargos penales sólo por prestar ayuda o por colaborar con agentes militares no estatales para negociar el acceso.
Todas estas políticas retrasan la entrega de ayuda urgente y, a menudo, vital, a quienes más la necesitan.
La semana que viene, la Comisión Europea y la Presidencia francesa acogerán el primer Foro Humanitario Europeo que reunirá a líderes y organizaciones de la sociedad civil en un esfuerzo por actuar ante el nivel de necesidades sin precedentes en todo el mundo, y garantizar la entrega de respuestas humanitarias eficaces, eficientes y basadas en principios en coordinación con los socios humanitarios.
Para lograr un progreso significativo, la UE y sus Estados miembros deben aprovechar esta oportunidad para comprometerse a tomar tres medidas clave.
En primer lugar, para que la denegación de acceso sea elevada y reciba una indignación y una condena similares a las de otras violaciones del derecho internacional humanitario -el conjunto de normas que tratan de limitar los efectos de los conflictos armados, incluida la protección de los civiles y el paso seguro de la ayuda humanitaria-, las pruebas son vitales. Ahora es esencial que la UE amplíe la red en su análisis y arroje luz sobre los contextos en los que se niega el acceso a la ayuda humanitaria. Este sería un primer paso importante.
Los Estados miembros de la UE también deberían abogar por los esfuerzos en la Asamblea General de la ONU para establecer un panel independiente que supervise el acceso humanitario en Ucrania, con el mandato de informar a la Asamblea de forma periódica sobre la situación del acceso a la ayuda para las personas dentro del país.
En segundo lugar, los Estados miembros de la UE deben respaldar plenamente los mecanismos que buscan responsabilizar a los autores de las violaciones. La existencia de estas herramientas tiene un claro impacto, al igual que su ausencia.
Por ejemplo, en Yemen, el único organismo internacional, imparcial e independiente que informaba sobre las violaciones y abusos de derechos en el país fue disuelto en octubre de 2021. En los dos meses siguientes, los bombardeos de la coalición saudí aumentaron un 43%. Los Estados miembros de la UE deben pedir que se presenten estas conclusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU y apoyar la creación de una nueva Organización para la Protección del Acceso Humanitario que denuncie el inaceptable estrangulamiento y armificación de la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto.
Por último, a medida que Europa se posiciona para una nueva era de autosuficiencia, debe reforzar sus compromisos con los más vulnerables del mundo.
Los Estados miembros de la UE deben aumentar su financiación y ayuda internacional a los Estados afectados por conflictos, el cambio climático o la crisis económica. Esto es especialmente urgente con las conferencias de donantes tanto para Yemen como para Afganistán que se celebran estemes. La UE debe demostrar ahora su capacidad para alcanzar los objetivos diplomáticos que se ha fijado de encontrar soluciones para garantizar la entrega de la ayuda.
La terrible situación a la que asistimos hoy en Ucrania es abominable y un ejemplo más de la Era de la Impunidad que ha definido la última década de conflictos en todo el mundo, una era en la que las leyes de la guerra no se respetan y los civiles siempre se llevan la peor parte.
El primer Foro Humanitario Europeo es una oportunidad para que la UE ponga el listón alto y demuestre que es capaz de ejercer el liderazgo diplomático necesario para garantizar que los trabajadores humanitarios puedan hacer su trabajo y prestar ayuda a las personas que más lo necesitan.
