El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció la orden de “disparar a matar” del presidente kazajo Qasym-Zhomart Toqaev y dijo que Washington estaba buscando aclaraciones sobre por qué la nación de Asia Central necesitaba llamar a una fuerza de seguridad dirigida por Rusia en medio de los disturbios internos.
“La orden de disparar a matar, en la medida en que existe, es errónea y debe ser anulada”, dijo Blinken en una entrevista con la cadena ABC el 9 de enero.
Ciudades de todo Kazajistán se han visto afectadas por las protestas que estallaron inicialmente en la región occidental de Mangystau el 2 de enero por la duplicación del precio del gas licuado de petróleo (GLP) subvencionado.
Las protestas se han extendido y se han transformado en llamamientos a la reforma política en este país tan controlado.
Las turbas asaltaron edificios gubernamentales, incendiando algunos de ellos, saquearon negocios e incendiaron y volcaron coches mientras pedían reformas tras décadas de gobierno asfixiante en la ex república soviética, rica en petróleo.
En respuesta, Toqaev declaró el estado de emergencia en todo el país hasta el 19 de enero, con toques de queda, restricciones a la circulación y prohibición de reuniones masivas.
Toqaev dio permiso a las fuerzas de seguridad para “disparar a matar” a los manifestantes, a los que calificó de “bandidos” y “terroristas”, calificativos que los manifestantes han rechazado.
Kazajistán también solicitó ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), formada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Armenia.
Rusia ha enviado algunos miles de soldados a Kazajistán bajo los auspicios de la OTSC.
“Tenemos verdaderas preguntas sobre por qué se sintieron obligados a llamar a esta organización que Rusia domina”, dijo Blinken a la CNN. “Estamos pidiendo una aclaración al respecto”.
En comentarios anteriores, Blinken dijo que las autoridades kazajas “ciertamente tienen la capacidad de lidiar apropiadamente con las protestas” de manera que se respeten los derechos de los manifestantes mientras se mantiene la ley y el orden.
Con información de AP, Reuters y AFP