Christian Mendez 
La agencia policial de la Unión Europea, Europol, está siendo cuestionada por la ampliación de sus poderes en medio de los escándalos de abuso de datos.
Estos poderes incluyen el tratamiento y análisis de datos de ciudadanos inocentes sin relación con ningún delito.
“Antes no era así, ahora está permitido”, dijo Chloe Berthelemy, asesora política de la ONG European Digital Rights, con sede en Bruselas.
La agencia, con sede en La Haya, vio ampliados sus poderes a principios de este año, lo que hizo saltar las alarmas entre los grupos de la sociedad civil y varios eurodiputados por la falta de responsabilidad.
La agencia ya se ha visto envuelta en escándalos, como el de compartir los datos personales de Frank van der Linde, un activista holandés por la paz, con la policía alemana. Cuando Van der Linde pidió una copia de esos datos, la agencia los borró, incumpliendo las normas de protección de datos de la UE.
Europol también se ha visto envuelta en otro escándalo de datos relacionado con la policía de fronteras de la UE, Frontex.
Los guardias fronterizos de Frontex alimentaban la base de datos de delincuentes de Europol con detalles de los inmigrantes irregulares, ignorando las advertencias de su propio responsable de la protección de datos sobre la “fluencia de funciones”.
“Vemos un gran riesgo para el Estado de Derecho”, dijo Berthelemy, señalando una tendencia general hacia la policía predictiva que se basa en gran medida en la recopilación de grandes datos.
Esto, a su vez, conduce a la vigilancia masiva y al análisis de datos a gran escala, a través del procesamiento de algoritmos, basado en criterios predeterminados como el país de origen, la situación migratoria y el género, dijo.
Dijo que la vigilancia predictiva restringe los derechos, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y la no discriminación.
Desde entonces, Europol y Frontex han creado un grupo de trabajo conjunto, conocido como Grupo Futuro de Inteligencia de Viajes y Gestión de Fronteras. Este esfuerzo conjunto pretende crear un nuevo programa de vigilancia en las fronteras exteriores de la UE basado en la elaboración de perfiles a gran escala y en la inteligencia artificial.
Laure Baudrihaye-Gerard, directora jurídica de la ONG Fair Trials, con sede en Londres, se hizo eco de las opiniones de Berthelemy.
“Vemos esta expansión de la policía de la UE como una verdadera amenaza al Estado de Derecho”, dijo.
Baudrihaye-Gerard dijo que las autoridades policiales no deberían tener un “cheque en blanco” para actuar como quieran. “Se trata de dar a las autoridades policiales la capacidad de rendir cuentas”, dijo.
¿Responsabilidad?
Europol afirma que los ministros de Justicia e Interior de la UE, algunos de los cuales representan a gobiernos que a su vez han sido acusados de utilizar programas de espionaje ilegales contra periodistas y líderes de la oposición política, le piden cuentas.
Pero aparte de un papel más debilitado del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Europol parece no estar sometida a ningún control externo.
La agencia ha creado el papel de un Responsable de Derechos Fundamentales, aún por contratar, para garantizar su cumplimiento. Pero esa persona será nombrada por el consejo de administración de la agencia, a propuesta del director ejecutivo.
Además, sólo podrá rendir cuentas al director, lo que plantea dudas sobre la independencia de la función.
“Es un primer paso, ciertamente no suficiente, porque queríamos también una supervisión independiente de la agencia”, dijo la eurodiputada belga de Los Verdes, Saskia Bricmont.
Bricmont afirma que hay preocupantes lagunas en la supervisión tanto de Europol como de Frontex, una cuestión preocupante dado que ambas trabajan en el ámbito de la aplicación de la ley y la migración.
Esto podría plantear una serie de problemas.
Un inmigrante indocumentado que denuncie un delito a la policía de Bélgica y los Países Bajos puede ver sus datos personales compartidos con las autoridades de inmigración.
Las mujeres indocumentadas en el Reino Unido, cuando aún era un Estado miembro de la UE, acabaron siendo detenidas tras denunciar un delito dada su condición de residentes.
Oyidiya Oji, asesora política de la Red Europea contra el Racismo, lo describe como la criminalización de las personas marginadas.
“En Francia, los negros y las personas de origen norteafricano tienen 20 veces más probabilidades de ser detenidos en la calle”, afirma.
Esa criminalización puede extenderse más allá de las fronteras de la UE.
El Cairo y el acceso a Ankara
Europol no es un órgano ejecutivo, a diferencia de Frontex, que tendrá unos 10.000 guardias armados bajo su mando.
En cambio, se ha convertido en un centro de datos para los Estados de la UE, así como para los gobiernos amiguetes de Turquía y Egipto.
Restricciones acompartir dichos datos biométricos con países como Turquía y Egipto fueron debilitados aún más por los colegisladores a principios de este año.
En un informe publicado el jueves, Statewatch, una organización de derechos civiles, afirma que Europol puede acabar siendo utilizada “como conducto para acosar a opositores políticos y disidentes”.
Turquía ya tiene un largo historial de abusos de este tipo.
A lo largo de los años, ha utilizado a Interpol, una agencia internacional de aplicación de la ley con sede en Lyon, para emitir órdenes de detención contra opositores y críticos del gobierno.
