Nicolas Soto 
El nuevo gobierno italiano ha lanzado un nuevo ataque contra los grupos de rescate no gubernamentales que salvan vidas.
Aunque la retórica es más aguda y algunas tácticas son nuevas, los sucesivos gobiernos italianos han intentado bloquear a los grupos que rescatan a migrantes en el mar, incluso con cargos penales.
Los jueces han desestimado todos los cargos en todos los casos excepto en uno: un juicio en curso contra miembros de la tripulación de Iuventa y otros dos grupos de rescate. El caso, cuya vista preliminar está prevista para el 19 de diciembre, muestra hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades italianas para impedir que los grupos de rescate salven vidas en el mar, lo que tiene consecuencias preocupantes para el Estado de derecho.
Desde 2017, los sucesivos gobiernos italianos han condenado repetidamente a los grupos de rescate, han impuesto un controvertido “Código de Conducta” a las ONG, han retrasado y se han negado a dejar desembarcar a los supervivientes de estos barcos, y han intentado procesar a dichos grupos por cargos espurios de incitación a la “migración ilegal.”
A los pocos días de llegar al poder, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni intentó salirse con la suya con el “desembarco selectivo” de sólo algunas de las personas a bordo de dos barcos de rescate y se negó en redondo a permitir que atracara un tercero. El ministro del Interior quiere autorizar a los funcionarios provinciales a imponer fuertes multas y ordenar la incautación de los barcos de rescate no gubernamentales.
Hasta ahora, los tribunales italianos han limitado los intentos de las autoridades de desacreditar y desbaratar a los grupos de rescate. Los jueces han anulado multas, levantado embargos y exonerado de culpa a los rescatadores marítimos.
El procesamiento de la tripulación del Iuventa y otros miembros de tres grupos de rescate es el único caso en curso, después de que las autoridades italianas invirtieran enormes recursos financieros, implicaran a cinco agencias policiales y prolongaran las investigaciones durante casi cinco años.
Los acusados están acusados de “facilitar la inmigración ilegal” por los rescates realizados entre septiembre de 2016 y octubre de 2017.
Si son declarados culpables, se enfrentan a hasta 20 años de prisión. Entre ellos hay cuatro alemanes de la tripulación del Iuventa, un barco de rescate operado por el grupo Jugend Rettet, que rescató a 23.810 personas entre julio de 2016 y agosto de 2017, cuando fue incautado por las autoridades italianas. El grupo no ha podido operar desde entonces.
El caso se ha visto empañado por una publicidad perjudicial contra los acusados, investigaciones injustificadamente largas, escuchas telefónicas ilegales, problemas de acceso a la interpretación y traducción de pruebas incriminatorias y otras irregularidades procesales que, en conjunto, suscitan preocupación sobre el acceso de los acusados a un juicio justo.
Después de que tres agentes de seguridad de una empresa privada vinculada a la extrema derecha que trabajaban en el Vos Hestia, otro barco de rescate, se pusieran en contacto con Matteo Salvini, entonces miembro del Parlamento de la UE, alegando que la tripulación del Iuventa podría haber actuado en connivencia con contrabandistas, la policía italiana colocó a un agente encubierto en el Vos Hestia y realizó escuchas telefónicas a miembros de la tripulación. La mayor parte de las pruebas contra la tripulación del Iuventa consisten en observaciones del Vos Hestia.
Una meticulosa investigación de Oceanografía Forense analizó la información visual, sonora y técnica disponible y produjo reconstrucciones informáticas coherentes que refutan persuasivamente las acusaciones de la fiscalía contra la tripulación del Iuventa. Su análisis demuestra que la tripulación del Iuventa no devolvió embarcaciones vacías a los contrabandistas o en dirección a Libia, ni se comunicó con nadie potencialmente relacionado con las redes de contrabando.
Uno de los principales testigos de la empresa de seguridad desmintió su testimonio en las entrevistas concedidas a los medios de comunicación, afirmando que en realidad nunca presenció ninguna colaboración entre la tripulación de Iuventa y los contrabandistas.
Las audiencias preliminares se han visto empañadas por infracciones de los procedimientos legales y repetidos aplazamientos.
¿No habla italiano?
Los abogados de la defensa han expresado su preocupación por el hecho de que no se haya contratado a un intérprete alemán competente para las audiencias y los interrogatorios y por la negativa de la fiscalía a proporcionar traducciones al alemán de documentos cruciales.
El interrogatorio de un acusado de Iuventa tuvo que suspenderse tres veces, la última el 2 de diciembre, debido a graves problemas con la traducción. En repetidas ocasiones, la fiscalía no ha notificado oportunamente a los acusados las fechas de las vistas ni los detalles de los cargos que se les imputan, incumpliendo las normas procesales y provocando aplazamientos y retrasos.
La preocupación por el acceso de los acusados a un juicio justo ha sido tan grave que una coalición de grupos internacionales hacomenzó a supervisar las vistas. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, describió el caso contra la tripulación de Iuventa como una “acusación infundada” contra socorristas marítimos que “sólo ayudaban a quienes lo necesitaban” y recomendó retirar los cargos.
Este juicio es una prueba crucial para el Estado de derecho en Italia.
A menos que la fiscalía tome medidas positivas para garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo, será difícil evitar la conclusión de que las autoridades italianas están dispuestas a sacrificar el Estado de derecho, así como la decencia común, en su deseo de castigar a las personas por salvar vidas.
