Un proyecto de declaración de la presidencia francesa de la UE propone un sistema voluntario para que los Estados miembros reubiquen a los inmigrantes como parte de un acuerdo más amplio sobre las reformas del asilo.
El proyecto de declaración, que será debatido por los ministros de Interior de la UE el viernes (10 de junio), expone una visión de la solidaridad, un término que se ha barajado en varias ocasiones durante años.
Esta vez, el proyecto de declaración comprometería a los Estados de la UE a poner en marcha un “mecanismo de solidaridad voluntario, sencillo y previsible” para ayudar a otros países más afectados por la presión migratoria.
Exigiría a los que estén dispuestos a reubicar a los migrantes rescatados en el mar y a las personas que necesiten protección internacional, con una mención especial a Chipre y las islas griegas.
El tamaño de la población y el PIB determinarían el número de personas que tendrían que acoger los Estados miembros contribuyentes.
Los que se negaran se comprometerían a ofrecer “solidaridad material”, como vigilancia de fronteras y detención, o dinero a los Estados de la UE más afectados por la presión migratoria.
“Se preverá una contribución mínima indicativa para cada Estado miembro participante, de modo que este objetivo no se reduzca excesivamente en caso de que un número bajo de Estados miembros participe en la reubicación”, dice el texto.
La Comisión Europea se encargaría de coordinar y supervisar el sistema.
La idea de la Presidencia es precursora de la propuesta de la Comisión de finales de 2020, que aboga por un “mecanismo de solidaridad obligatorio”.
La idea original de la comisión exigiría a los Estados de la UE que reubicaran a los solicitantes de asilo, que patrocinaran el retorno de los solicitantes de asilo rechazados o que ofrecieran alguna otra forma de ayuda.
La cuestión ha cobrado especial importancia para los llamados “Med 5” (Chipre, Grecia, Italia, Malta y España).
Todos lo quieren y han condicionado su avance a la aceptación de otros aspectos de la reforma migratoria de la UE.
Esto incluye las reformas sobre la base de datos biométricos Eurodac y el reglamento de control, que podría dar lugar a centros de detención en las fronteras.
Ambas propuestas también serán debatidas por los ministros el viernes, con la presidencia francesa de la UE esperando conseguir algún tipo de acuerdo para el final de su mandato de seis meses.
El proyecto de declaración pide que las reubicaciones comiencen una vez que el Consejo, en representación de los Estados miembros, llegue a algún tipo de acuerdo sobre Eurodac y el cribado.
Los dos expedientes han pasado por la maquinaria del Consejo como parte de un enfoque “paso a paso” de la presidencia francesa de la UE para resolver las diferencias.
Pero su compromiso sobre la letra pequeña de Eurodac, por ejemplo, se ha topado con la resistencia de los Estados más beligerantes de la UE, como Austria, Hungría y Polonia.
El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, en nombre de la presidencia de la UE, ya se mostró esperanzado.
“Todo el mundo estaba de acuerdo en tener una importante dosis de responsabilidad y cierta solidaridad obligatoria”, dijo a los periodistas en febrero, tras una reunión con los ministros de Interior de la UE.